Analizan la adecuación del Régimen Penal Juvenil entre la la Corte de Justicia y la Cámara de Diputados de San Juan
El vicegobernador de San Juan, Dr. Fabián Martín y una delegación de legisladores presidieron una reunión de trabajo en el Anexo de la Cámara de Diputados con el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Daniel Olivares Yapur, y la jueza de Menores, Dra. María Julia Camus.
La reunión se centró en exponer los ejes centrales del proyecto de Régimen Penal Juvenil previo a su debate en la sesión especial del Lunes, 14 de Septiembre.
Del encuentro formaron parte el secretario Legislativo, Dr. Gustavo Velert, junto a los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Leopoldo Soler, Pedro Albagli, Franco Aranda, Federico Rizo, Luis Rueda, Gabriel Sánchez, Gustavo Núñez, Juan Carlos Quiroga Moyano, Andrés Castro, Mónica González, Laura Seva, Marta Gramajo, Stella Caparrós, Emilio Escudero, Fernanda Paredes, Enzo Cornejo, Marcela Quiroga, Alejandra Leonardo, Marcelo Mallea, Gustavo Usín, Mario Herrero, Jorge Ripoll y Rosana Luque.
Durante la jornada, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Daniel Olivares Yapur detalló los alcances de la Ley Nacional N.º 27.801 y diferenció la norma transitoria -de tratamiento inminente- del proyecto definitivo para el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de San Juan.
La propuesta de transición busca adecuar la normativa federal a la estructura judicial vigente en la provincia mientras se aprueba el marco normativo definitivo. El principal desafío radica en conciliar la ley nacional -sancionada bajo el sistema acusatorio donde la investigación queda a cargo del fiscal- con la Ley N.º 754-O de San Juan, que aplica un esquema mixto donde la instrucción recae en el juzgado de menores. La medida provisoria permitirá incorporar las figuras nacionales sin alterar de manera inmediata la matriz procesal local.
Respecto a la reforma integral, las autoridades remarcaron que el futuro código impondrá una transformación profunda hacia un sistema adversarial específico. Este cambio demandará una importante reestructuración operativa, incluyendo la creación de fiscalías, defensorías y asesorías especializadas, así como inversión en personal e infraestructura.
Por último, se precisó que la puesta en marcha del régimen definitivo dependerá de los tiempos del debate parlamentario y la posterior aprobación por parte del Poder Legislativo.
