Con el objetivo sanear el vac\u00edo legal que existe en la provincia de San Juan en materia de legislaci\u00f3n sobre la Responsabilidad Civil del Estado, en tanto el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n autoexcluye la aplicaci\u00f3n de las normas contenidas y no existe un cuerpo normativo local que satisfaga tal necesidad del debido proceso, la C\u00e1mara de Diputados de San Juan aprob\u00f3 por unanimidad un r\u00e9gimen que adhiere a la Ley Nacional 26944 con algunas modificaciones.<\/p>\n
La sanci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en el marco de la realizaci\u00f3n de la Tercera Sesi\u00f3n del per\u00edodo ordinario, la cual estuvo presidida de forma alternada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo; y la vicepresidente segunda, diputada CPN Marisa L\u00f3pez. Acompa\u00f1aron los secretarios Legislativo, Dr. Gustavo Velert; y Administrativo, CPN Jorge Fern\u00e1ndez.<\/p>\n
Cabe destacar que este punto del orden del d\u00eda tuvo despacho favorable de las comisiones de Legislaci\u00f3n y Asuntos Constitucionales y Justicia y Seguridad. Como miembro informante habl\u00f3 en el recinto la diputada Marcela Quiroga. Tambi\u00e9n hicieron sus aportes las legisladoras Alejandra Leonardo y Fernanda Paredes y el diputado Juan de la Cruz C\u00f3rdoba.<\/p>\n
La Ley aprobada consta de 12 art\u00edculos y uno de forma y en forma espec\u00edfica alude en su art\u00edculo 1\u00ba, a la responsabilidad del Estado por los da\u00f1os que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. En este sentido, considera que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa y, por otra parte, las disposiciones del C\u00f3digo Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.<\/p>\n
Sobre el particular, el art\u00edculo 2\u00ba apunta que el Estado es eximido de responsabilidad en los siguientes casos: por los da\u00f1os y perjuicios derivados de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos expresamente por el Estado por ley especial; y cuando el da\u00f1o haya sido producido por el hecho de la v\u00edctima o un tercero por quien el Estado no debe responder.<\/p>\n
Mientras que el art\u00edculo 3\u00ba, plantea que son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ileg\u00edtima: da\u00f1o cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; imputabilidad material de la actividad o inactividad a un \u00f3rgano estatal; relaci\u00f3n de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del \u00f3rgano y el da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se persigue; falta de servicio consistente en una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n irregular de parte del Estado, la omisi\u00f3n solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuaci\u00f3n expreso y determinado.<\/p>\n
Asimismo, el art\u00edculo 4\u00ba indica que son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad leg\u00edtima: da\u00f1o cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; imputabilidad material de la actividad a un \u00f3rgano estatal; relaci\u00f3n de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el da\u00f1o; ausencia de deber jur\u00eddico de soportar el da\u00f1o y sacrificio especial en la persona da\u00f1ada, diferenciando del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectaci\u00f3n de un derecho adquirido.<\/p>\n
El art\u00edculo 5\u00ba puntualiza que la responsabilidad del Estado por actividad leg\u00edtima es de car\u00e1cter excepcional. En ning\u00fan caso procede la reparaci\u00f3n del lucro cesante. La indemnizaci\u00f3n de la responsabilidad del Estado por actividad leg\u00edtima comprende el valor objetivo del bien y los da\u00f1os que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad p\u00fablica, sin que se tomen en cuenta circunstancias de car\u00e1cter personal, valores afectivos ni ganancias hipot\u00e9ticas. Los da\u00f1os causados por la actividad judicial leg\u00edtima del Estado no generan derecho a indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n
En tanto que el art\u00edculo 6\u00ba sostiene que el Estado provincial es subsidiariamente responsable por los da\u00f1os ocasionados por los concesionarios de servicios p\u00fablicos o contratistas del Estado, siempre y cuando aquellos fueren consecuencia directa de la omisi\u00f3n de control administrativo de servicio.<\/p>\n
Entre otros, el art\u00edculo 7\u00ba, pone de manifiesto que el plazo para demandar al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) a\u00f1os computados a partir de la verificaci\u00f3n del da\u00f1o o desde que la acci\u00f3n de da\u00f1os est\u00e9 expedita.<\/p>\n
Asimismo, invita a los municipios a adherirse a la norma.<\/p>\n